A una semana del estallido en la escuela 21, docentes y auxiliares viven bajo amenazas de muerte, reciben directivas contradictorias por WhatsApp y aún así deben volver a limpiar aulas sin protección. Mientras tanto, los padres exigen clases.
Mar del Plata — El conflicto que comenzó con una denuncia por tocamientos en la Escuela Primaria N° 21 y que escaló en una pueblada y posterior quema de una vivienda, se convirtió en una crisis de seguridad para toda la comunidad educativa.
Aunque se realizó una marcha con sindicatos al día siguiente del episodio —que fue muy visible en medios porteños—, hoy muchos docentes afirman que esos gremios “brillan por su ausencia” en las negociaciones para protegerlos y organizar un retorno seguro.
A una semana del hecho, persiste un cuadro de indefinición institucional, comunicaciones caóticas y amenazas de muerte.
Los gremios Suteba, ATE, FEB, Udocba y el Sindicato de Trabajadores Municipales (STM) convocaron un paro distrital de 24 horas y una movilización para el pasado 12 de noviembre bajo la consigna “No a la violencia en las escuelas”.
Esa marcha fue muy visible: docentes, auxiliares y delegados se congregaron en Luro y 14 de Julio para reclamar garantías de seguridad.
Pero según varios docentes con los que se habló fuera de los micrófonos, ese impulso gremial fue efímero: “hoy no vemos que los sindicatos estén sentados realmente para resolver cómo volvemos con seguridad» dicen.
En el día de ayer, se conoció la noticia que el gobierno comunal confirmó, por resolución del Ejecutivo, que les descontará el día no trabajado a todo el personal que optó por acatar la convocatoria gremial y no concurrió a sus puestos de trabajo para cumplir con su tarea habitual.
Algunos trabajadores de la escuela aseguran que las directivas para el retorno se han dado de forma informal, a través de grupos de WhatsApp institucionales, lo cual genera incertidumbre porque no hay documentos oficiales ni canales claros de resolución.
Según relatos internos, las instrucciones para docentes y no docentes no han sido unificadas: “los inspectores mandan mensajes, pero no está claro si son orden oficial o sugerencias”, comentan maestros.
Esta comunicación poco formal provoca tensión: varios auxiliares y docentes han dicho que se les pidió que regresen para colaborar en limpieza y acondicionamiento del edificio, pero sin que estén garantizadas condiciones mínimas de seguridad ni protocolos firmes para trabajar en un entorno que todavía podría ser peligroso.
Una maestra relató que durante los incidentes vio a sus compañeras “abajo de las mesas abrazando chicos que gritaban que los iban a matar”.
Esa denuncia de amenazas es compartida por otros miembros del personal: varios docentes y auxiliares informan que, tras los hechos, recibieron advertencias veladas y miedo real por su integridad física, ya que son vecinos de los barrios linderos y «se conocen todos».
No sólo habría un riesgo simbólico: se habla de amenazas de muerte, según denuncias de los trabajadores que aseguran no tener forma efectiva de autoprotección más allá de la guardia policial eventual. No existen al día de la fecha, ni corredores seguros ni botones antipánico.
En este marco, algunos auxiliares habrían sido convocados para realizar tareas de limpieza en la escuela antes de que se garantice una seguridad efectiva, lo que para muchos constituye una vulneración laboral: no es lógico pedir volver sin un plan de protección sólido.
Por su parte, el personal docente fue convocado para charlas y reuniones, con sugerencias de actividades lúdicas de revinculación con el alumnado, de la misma manera, sin garantías básicas.
Además, según denuncias de docentes y no docentes, se han pedido reportes por posibles “accidentes de trabajo” ocurridos durante los días de tensión, pero con demoras: no se habrían denunciado dentro de las 72 horas, como exige la normativa laboral, sino que algunas consultas sobre heridos o empleados lesionados se hicieron por WhatsApp una semana después del episodio, lo que para los denunciantes demuestra una falta de rigor institucional en la gestión del riesgo laboral, y una posible «caza de brujas» a quienes sigan esa línea de acción.
Por otro lado, muchos padres reclaman insistentemente el regreso a clases: explican que para ellos la escuela es esencial no sólo para la educación, sino también para la economía familiar. Algunos no pueden trabajar si sus hijos no están en un ambiente escolar, otros dependen de la jornada escolar para que sus hijos tengan alimentación. Pero un grupo minoritario exige el regreso a clases, para poder seguir cobrando los planes sociales que tienen asignados.
Sin embargo, esa urgencia contrasta con las condiciones reales: sin garantías de seguridad, muchos docentes y auxiliares no se sienten fuertes y en condiciones de volver psicológicamente, y los sindicatos, según algunos, no han avanzado en negociaciones firmes para equilibrar esa necesidad de los padres con el derecho al trabajo con seguridad.
Justicia, transparencia y un estigma persistente
Hasta ahora, la causa penal por el supuesto abuso que desencadenó todo sigue siendo opaca para buena parte de la comunidad: hay versiones contradictorias, comunicaciones informales y muy poca claridad pública sobre qué se ha comprobado, qué está en investigación y cuáles son los pasos judiciales.
La madre del menor acusado ha dicho públicamente que no sabe “qué pasó realmente”, lo que alimenta la sensación de estigmatización para su hijo.
En paralelo, no existe —al menos públicamente— un análisis serio sobre las “causas profundas” del estallido: más allá del hecho puntual, pocos han profundizado en por qué las familias reaccionaron con tanta violencia, si no hubo otra causa, o un «vuelto a alguien», porque no hubo canales de mediación temprana ni un protocolo local de crisis que contenga.
Qué debe pasar para garantizar un retorno seguro y legítimo?
Para reconstruir la escuela y permitir que las clases se reanuden sin riesgos, las demandas y propuestas que surgen del personal docente, de auxiliares y de una parte de las familias son contundentes:
–Mesa interinstitucional urgente: conformar un espacio con Consejo Escolar, Jefatura Distrital, Municipio, Ministerio de Educación, fuerzas de seguridad, Niñez, gremios y delegados de la escuela para diseñar un plan de retorno conjunto.
–Protocolo operativo claro y público: no basta con guías genéricas, se necesita un plan concreto con pasos verificados, responsables designados, rutas de ingreso/egreso y control sobre quién da las órdenes (no sólo por WhatsApp).
–Garantías de protección para el personal: corredor seguro con patrullaje, botones de alerta, custodia, licencia de riesgo, seguro laboral en caso de lesiones o amenazas.
–Compromiso real de los sindicatos: que vuelvan no solo como voceros del paro, sino como actores de negociación, para garantizar condiciones laborales, de seguridad y un diálogo permanente y formal con la institución.
–Transparencia judicial: que la causa penal sobre el abuso y el incendio avance con información pública (respetando la privacidad) y que las autoridades educativas informen periódicamente sobre avances y decisiones.
–Apoyo socioemocional: equipos de psicólogos, trabajadoras sociales y mediadores para contener niños, familias y docentes, reconstruir confianza y gestionar el miedo persistente.
–Compromiso con los padres: entender que muchas familias necesitan que sus hijos vuelvan para trabajar o para acceder a recursos muy básicos, pero no puede ser un regreso a cualquier costo.
Los relatos de docentes, no docentes y algunas familias pintan un panorama que va más allá de un episodio de abuso escolar: hablan de una comunidad educativa desprotegida, instituciones que no tienen protocolos sólidos para crisis graves, y un estado de vulnerabilidad laboral y física para quienes trabajan en la escuela. Si no se actúa con seriedad y con una estrategia compartida, el retorno a clases no solo será simbólico: podría ser peligroso.
Para que la Escuela 21 deje de ser un escenario de conflicto y vuelva a cumplir su rol educativo, no basta con limpiar vidrios o reabrir aulas: se necesita una reconstrucción institucional basada en garantías, diálogo y justicia.
