¿Qué impacto tiene hoy el uso de agroquímicos?

Hace unos días, la Corte Suprema de la provincia confirmó que las fumigaciones con agroquímicos en el Partido de General Pueyrredón deberán realizarse a al menos 1.000 metros de cualquier zona urbana.

En la zona de Sierra de los Padres y Mar del Plata, el uso de agroquímicos ha sido un tema central de debate debido a sus graves consecuencias ambientales y para la salud de la población local.

La Corte Suprema de la Provincia de Buenos Aires dictó una sentencia histórica que prohíbe las fumigaciones con agroquímicos a menos de 1.000 metros de zonas urbanas, escolares y rurales en el Partido de General Pueyrredón.

Este fallo, que responde a una denuncia presentada por la asamblea “Paren de fumigarnos Mar del Plata” y respaldado por el principio precautorio, obliga al municipio a tomar medidas concretas en un plazo de 30 días, como el relevamiento de productores, el monitoreo de la calidad del agua y la provisión de agua potable a escuelas rurales afectadas.

Agroquímico o matayuyo, como lo llames sigue siendo veneno

Además, la Corte ordena a la Fiscalía General investigar los casos de fumigaciones ilegales y exigir el cumplimiento de las normas de protección ambiental.

Con este fallo, la Corte no solo valida la necesidad de una mayor regulación sobre el uso de agroquímicos, sino que también pone de manifiesto la urgente necesidad de proteger la salud de la población y del medio ambiente frente a la expansión de la agricultura intensiva.

Este precedente establece un cambio de paradigma en la legislación ambiental, ampliando la protección a comunidades rurales y urbanas expuestas a los efectos nocivos de los plaguicidas.

La fumigación refleja una problemática compleja que atraviesa dimensiones ambientales, sociales y políticas.

Garantizar la salud y la calidad de vida de sus habitantes exige un compromiso real de las autoridades, productores y la sociedad civil para adoptar modelos productivos más responsables y respetuosos con el medio ambiente y las personas.

El compromiso de controlar es del Estado, el de denunciar es nuestro.

O vamos a seguir mirando para otro lado?.

Por Mariano Mónaco



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